El movimiento separatista catalán ha causado un daño a la economía, a la convivencia y al prestigio de Cataluña difícil de cuantificar. El número de empresas que se han marchado y de familias y amistades que se han roto es elevadísimo, algo realmente excepcional que requiere que una solución igualmente excepcional. Desde que en 1931 Francesc Macià declarara su “República Catalana dentro de la Federación Ibérica” el gobierno central ha tratado de frenar el independentismo de muchas maneras, pero lo que no se ha probado nunca es la aplicación del artículo 144.

¿En qué consiste el artículo 144?

El artículo 144 es uno de los tres artículos de la Constitución española que regula la creación de una nueva comunidad autónoma. Dice básicamente que “Las Cortes Generales […], podrán, por motivos de interés nacional autorizar la constitución de una comunidad autónoma”, y en el caso de que este territorio no se corresponda con los límites de una provincia (como puede ser el de Tabarnia) añade que el Congreso podrá “autorizar […] un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.”.

El mapa autonómico español no está cerrado, es decir, todavía se pueden añadir nuevas comunidades autónomas. Si las Cortes Generales hubieran querido impedirlo o regularlo ya lo hubieran hecho. 

¿Dónde se aplicaría el artículo 144?

La inmensa mayoría de las empresas catalanas que se han marchado por culpa del desafío independentista tienen su sede en las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona. Son las zonas más densamente pobladas de Cataluña, las más abiertas y cosmopolitas, las que más turismo tienen, en las que más se habla castellano, y en las que el apoyo a la independencia es minoritario. Además (siguiendo la lógica independentista) tienen un “deficit fiscal” con el resto de Cataluña, porque aportan a la Generalitat mucho más de lo que reciben, y sufren una discriminación electoral porque a la hora de escoger diputados al parlamento de Cataluña un voto de Barcelona vale menos de la mitad que, por ejemplo, un voto en Lérida.

En 2012 alguien se dio cuenta de todas estas circunstancias y pensó «¿por qué no dotar a este territorio de más autogobierno para que defienda mejor sus intereses?». Es así como nació la idea de crear una nueva comunidad autónoma de “Tabarnia“. Se inventó entonces un nombre, una bandera y se definieron los límites geográficos superponiendo mapas políticos, económicos, linguísticos y de densidad de población.

¿Qué ganamos aplicando el artículo 144?

Aplicar el artículo 144 permitiría a Tabarnia tener instituciones propias, aprobar una ley electoral justa, desalojar del poder a los independentistas y acabar con la amenaza de una nueva declaración unilateral de independencia. Se generaría estabilidad y confianza y de manera natural se frenaría la fuga de empresas. Se acabarían las subvenciones indiscriminadas, se cerrarían las embajadas y toda esa ingente cantidad de dinero se invertiría en cosas que realmente importan como ayudar a los autónomos, guarderías para nuestros hijos o facilitar el acceso a una vivienda. Se derogarían leyes lingüisticamente discriminatorias, como las multas a comercios que rotulan en castellano o la enseñanza monolingüe en catalán. Cesarían los insultos y provocaciones al resto de España, y por tanto mejoraría la imagen, el turismo y la inversión. Los medios de comunicación públicos serían plurales y volverían a tener un presupuesto ajustado a la realidad.

Blindar que Barcelona y Tarragona sigan siendo españolas y europeas tendría unas consecuencias inmediatas, palpables y muy beneficiosas para la economía y la paz social. Según un informe de Convivencia Cívica Catalana Tabarnia presenta un déficit fiscal de 4.659 millones de euros con respecto al resto de Cataluña. Es decir, que si se crease Tabarnia, cada habitante de esta nueva comunidad podría pagar 838 euros menos al año en impuestos y recibiría los mismos servicios.

Los datos de este estudio son sencillamente demoledores: Tabarnia representa el 78% del PIB de Cataluña pero solo recibe el 47% de las inversiones.

¿Qué pasaría con los ciudadanos que quedasen fuera de Tabarnia?

Una vez que el Gobierno diera luz verde a la creación de Tabarnia y se explicasen los beneficios adecuadamente a la población se aprobaría con toda probabilidad. Las comarcas catalanas que no entrasen en esta nueva autonomía ocuparían la mayor parte del territorio pero con solo un 21% del PIB, lo cual haría inviable cualquier intento de independencia. Indirectamente Tabarnia estaría ayudando a los ciudadanos que viven en la Cataluña profunda.

Con Tabarnia ganamos todos, no es una broma, es una necesidad nacional.

La Generalitat de Cataluña tendría que buscar una nueva sede para reunirse al quedar el edificio del Parlament dentro del territorio de Tabarnia (probablemente en Lérida o Gerona), y la nueva “Generalitat de Tabàrnia” aprovecharía probablemente lo que hoy en día es el Parlament de Cataluña.

Lo que quedase de la Generalitat de Cataluña se tendría que apretar el cinturón. Se vería obligada a renunciar a proyectos faraónicos como las embajadas, la “Hacienda Catalana”, o las subvenciones indiscriminadas a todo lo que huela a independencia. Los más afectados con la creación de Tabarnia serían los políticos independentistas. Actualmente 300 altos cargos de la Generalitat cobran más que el Presidente del Gobierno. Los creadores de Tabarnia lo venimos denunciando hace muchos años (como en este tuit de 2015):

Se podría dar la situación paradójica de que municipios independentistas limítrofes con Tabarnia pidieran la anexión a esta última para no sufrir un desastre económico. Rizando el rizo podría pasar que tantos municipios pidieran la anexión con Tabarnia que al final Tabarnia ocupase la totalidad del territorio de lo que ahora es Cataluña. Cosas más raras se han visto.

¿Realmente el Gobierno podría aplicar el artículo 144?

El Congreso no solo puede aplicar artículo 144 para crear Tabarnia sino que de hecho ya lo ha hecho.

En 1983 el Gobierno de España se inventó de cero una nueva comunidad autónoma, sin basarse en antecedentes históricos, sin consultar a sus habitantes, ni solicitar que la ratificaran en las urnas. Se inventó un nombre, una bandera y un himno y solo alegó que lo hacía por “interés nacional”. 

Han pasado 35 años y a esa nueva región le ha ido muy bien, de hecho a todo el mundo le parece que fue una buena decisión. Esa autonomía se llama “Comunidad de Madrid”. ¿Por qué Barcelona y Tarragona van a ser menos que Madrid?

¿Doble rasero del Gobierno con Cataluña?

Como hemos comentado, artículo 144 de la Constitución establece que por motivos de interés nacional se pueden “saltar” los procedimientos de los artículos 143 y 151 para crear una nueva comunidad autónoma (o unir diferentes provincias). Veamos tres ejemplos de ocasiones donde ya se ha aplicado: 

El caso de Almería: En 1980 la provincia de Almería no contó con los votos necesarios para integrarse en la que sería la nueva comunidad autónoma de Andalucía, y al Congreso no le tembló el pulso para cambiar la ley a posteriori y forzar a la provincia a incluirse en la nueva comunidad andaluza.

El caso de Segovia: En 1981 la provincia de Segovia votó a favor de convertirse en una comunidad autónoma independiente y el Gobierno no lo permitió. Utilizó el artículo 144 de la Constitución para incorporar Segovia a Castilla y León.

El caso de Guadalajara: Al momento de crearse la nueva comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la provincia de Guadalajara estuvo largo tiempo debatiéndose entre incorporase a la Comunidad de Madrid, convertirse en comunidad autónoma independiente o incluirse en la autonomía castellanomanchega. Al final el PSOE por “interés nacional” optó por esta última opción.

Estos son solo tres ejemplos cercanos de cómo el Gobierno en caso de interés nacional varía el mapa autonómico. ¿Puede haber un motivo que sea de más interés nacional que frenar el separatismo catalán?

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